Inclusión indebida en un fichero de morosos: cuándo lo es y qué se reclama

¿Te han metido en un fichero de morosos y crees que no procede? Una inclusión indebida en ASNEF es la que no cumple los requisitos que la ley exige al acreedor. Si falla alguno, decae la presunción de licitud y puedes pedir la baja del dato y, según el caso, una reparación.

En esta guía verás, punto por punto, qué exige la ley antes de que una deuda llegue a un registro de solvencia. También encontrarás cómo comprobarlo tú mismo, qué situaciones convierten la anotación en atacable y qué se puede pedir después. En CIMA y Asociados trabajamos este tipo de asuntos y estudiamos cada expediente antes de dar un paso. No todas las anotaciones son impugnables: por eso lo primero es mirar los papeles y revisar los requisitos, uno a uno, con criterio jurídico.

Qué es una inclusión indebida en ASNEF y por qué se produce

La ley no prohíbe el fichero: presume que es lícito si se cumplen los requisitos

El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 regula los sistemas de información crediticia. Su encabezado es explícito: «salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento» cuando concurran los requisitos que enumera. Dicho de otro modo, la ley admite que el fichero exista, pero solo bajo condiciones.

Cuando uno de esos requisitos no concurre, esa presunción decae. No hay automatismo: lo que ocurre es que el acreedor pierde el respaldo legal y habrá que valorar las circunstancias del caso concreto. Ahí es donde una inclusión indebida en ASNEF se convierte en algo que merece la pena revisar.

No todos los registros son iguales, ni te afectan igual

Conviene saber dónde estás. Se confunden a diario cuatro registros muy distintos, y esa confusión lleva a reclamar donde no toca. Esta es la correspondencia entre cada uno y quien lo gestiona.

Registro	Lo gestiona	Qué es
ASNEF	Equifax	Fichero privado de solvencia (art. 20 LOPDGDD)
BADEXCUG	Experian	Fichero privado de solvencia (art. 20 LOPDGDD)
RAI	Centro de Cooperación Interbancaria (CCI)	Determinados impagos de personas jurídicas documentados en efectos o documentos aceptados por el deudor
CIRBE	Banco de España	Registro público de riesgos: no es un fichero de morosos

El RAI recoge impagos exclusivamente de personas jurídicas, según la información pública del propio fichero, de modo que un particular no figura ahí. Y la CIRBE recoge los riesgos que declaran las entidades, también si están impagados. Su marco legal está en la Ley 44/2002, que regula la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Las entidades declaran a partir del umbral de riesgo acumulado que fija la normativa del Banco de España, revisado en varias ocasiones, así que conviene comprobarlo en su web. Estar en la CIRBE no es estar en un fichero de morosos.

Los requisitos que debe cumplir la inclusión, uno a uno

Los seis requisitos del artículo 20.1

La ley enumera las condiciones que deben concurrir para que el tratamiento se presuma lícito. Léelas con tu contrato delante, porque son el mapa de tu propia comprobación.

• El origen del dato: debe haberlo facilitado el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés. Incluye a empresas de recobro y a fondos que compran carteras.
• Una deuda cierta, vencida y exigible: su existencia o cuantía no puede haber sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor. Tampoco de un procedimiento alternativo vinculante entre las partes.
• El aviso al afectado: el acreedor debe haber informado, en el contrato o al requerir el pago, de la posibilidad de inclusión, indicando los sistemas en que participa.
• El límite temporal de permanencia: los datos solo se mantienen mientras persista el incumplimiento, con un máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación.
• Quién puede consultar el fichero: solo quien mantenga contigo una relación contractual que implique el abono de una cuantía, o aquel a quien hayas solicitado financiación, pago aplazado o facturación periódica.
• La información tras la consulta: si te deniegan un contrato como consecuencia de esa consulta, quien consultó debe informarte del resultado.

A esto se suma la disposición adicional sexta de la misma ley: no se incorporan deudas cuyo principal sea inferior a cincuenta euros. Sobre el aviso hay un matiz importante. El texto exige la advertencia, no un requerimiento de pago como requisito autónomo. Ahora bien, el Tribunal Supremo se pronunció sobre ello en la sentencia 945/2022, de 20 de diciembre, dictada por el Pleno de la Sala Primera. Interpretó que el requerimiento previo sigue siendo exigible y que es un requisito esencial, no meramente formal. Lo desarrollamos en la inclusión sin requerimiento previo.

Quién tiene que demostrar que todo se hizo bien

El apartado segundo del mismo precepto cambia el equilibrio de fuerzas. La entidad que mantiene el sistema y la acreedora son corresponsables del tratamiento, con remisión al artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Y añade que corresponde al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. Puedes consultarlo en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 publicado en el BOE.

La consecuencia práctica es doble. No eres tú quien debe demostrar que no debías nada: es el acreedor quien debe acreditar que la deuda era cierta, vencida y exigible, y que te avisó. Además, puedes dirigir la reclamación a los dos, porque el fichero también es responsable del tratamiento.

Cómo comprobar, paso a paso, si la anotación fue correcta

El primer paso ante una inclusión indebida en ASNEF: el derecho de acceso

Antes de reclamar hay que saber qué dice el fichero exactamente. El derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 sirve justo para eso: qué dato figura, quién lo comunicó, por qué importe y a quién se ha cedido. Ese documento es la base de todo lo que venga después.

La respuesta debe llegarte en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, según el artículo 12.3 del Reglamento. Ese plazo puede prorrogarse otros dos meses por la complejidad o el número de solicitudes, informándote dentro del primer mes. Los «diez días» que circulan por internet no son el plazo aplicable hoy.

La comprobación, requisito por requisito

Con el acceso en la mano, la revisión deja de ser una intuición. Estas son las preguntas que hay que contestar, y conviene contestarlas por escrito.

• La fecha de vencimiento: ¿han pasado más de cinco años desde entonces?
• El importe: ¿el principal es inferior a cincuenta euros?
• El aviso: ¿figura la advertencia en el contrato, o te la hicieron al reclamarte el pago?
• La notificación: ¿el fichero te comunicó la inclusión y tus derechos?
• El estado de la deuda: ¿la habías discutido antes en vía administrativa o judicial?
• La titularidad: ¿la deuda es tuya, de una empresa o de alguien que usó tus datos?
• El pago: ¿la abonaste y el dato siguió publicado pese a ello?

El silencio del acreedor también cuenta, y más de lo que parece. Si no contesta, o contesta sin acreditar nada, esa falta de respuesta se documenta y se utiliza. Lo explicamos con detalle en qué hacer si el acreedor no responde.

Los casos típicos en los que la anotación es atacable

Deuda que no es tuya, o que ya habías discutido

El primer grupo es el de los datos que sencillamente no se corresponden con la realidad. Un importe equivocado, una fecha mal comunicada o una deuda ya pagada chocan con el principio de exactitud. Lo recoge el artículo 5.1.d del Reglamento, que obliga a suprimir o rectificar sin dilación los datos inexactos. También cabe aquí el préstamo que alguien contrató con tus datos: si es tu caso, te interesa nuestra guía sobre un préstamo con tu DNI.

El segundo grupo es el de la deuda discutida. El requisito legal excluye del fichero aquellas cuya existencia o cuantía haya sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor, o de un procedimiento alternativo vinculante entre las partes. En la misma línea se pronunció la sentencia del Tribunal Supremo 1794/2023, de 20 de diciembre. Recordó que la deuda ha de ser cierta, inequívoca e indudable. Y que no caben en el fichero deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio.

Deuda pagada, prescrita o nacida de un préstamo usurario

El límite de cinco años funciona con dos condiciones acumulativas: el dato se mantiene mientras persista el incumplimiento y, como techo, cinco años desde el vencimiento. Si pagas, el dato debe salir aunque no se hayan cumplido esos cinco años. En cuanto a la deuda en sí, las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento (art. 1964.2 del Código Civil), pero ese plazo se interrumpe por la reclamación extrajudicial del acreedor o por cualquier reconocimiento de la deuda (art. 1973). Un pago pequeño «a cuenta» reinicia el reloj.

Queda un supuesto que cambia el panorama entero: el préstamo usurario. La Ley de 23 de julio de 1908 declara nulo el contrato con un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. Su artículo 3 limita lo debido al capital recibido, y el exceso se devuelve. Si el contrato es nulo y al fichero se comunicó una cantidad con intereses, esa cantidad deja de ser cierta, vencida y exigible, y decae la presunción de licitud. Esa declaración la hace un juez caso por caso. Es uno de los caminos que más veces desemboca en una inclusión indebida en ASNEF, y también uno de los que más documentación exige.

Qué puedes reclamar si hubo una inclusión indebida en ASNEF

La baja del dato y la limitación mientras se discute

Lo primero es la supresión. El artículo 17 del Reglamento reconoce el derecho a obtener la eliminación de los datos sin dilación indebida. Procede cuando ya no son necesarios para el fin con el que se trataron. Esa petición se dirige al acreedor y al fichero, porque son corresponsables del tratamiento.

Existe una herramienta intermedia que casi nadie usa: la limitación del tratamiento del artículo 18.1.a, para cuando impugnas la exactitud del dato. Mientras se resuelve, si la pides ante el propio fichero, este solo puede informar a quien consulte de que existe esa limitación, sin facilitarle los datos concretos. Protege durante el proceso, no solo al final.

Las dos vías: la Agencia Española de Protección de Datos y el juzgado

Son compatibles y no hay que elegir. La reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos es gratuita y puede terminar en sanción. Ahora bien, esa multa se ingresa en el Estado, no la cobra el afectado. Tampoco es un requisito previo para acudir al juzgado.

La reparación económica llega por la vía civil. La inclusión indebida puede constituir una intromisión ilegítima en el honor (art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982), y su artículo 9.3 presume el perjuicio una vez acreditada la intromisión. El artículo 82.1 del Reglamento exige, de forma acumulativa, infracción, daño y nexo causal. Así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 4 de mayo de 2023 (asunto C-300/21). Son dos fundamentos distintos apoyados en los mismos hechos, no dos importes que se sumen, porque es el tribunal quien valora el daño en su conjunto. Cómo se plantea esa petición lo desarrollamos en la indemnización por daño al honor.

El plazo importa, y mucho. La acción de protección frente a las intromisiones ilegítimas caduca a los cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarla (art. 9.5). Es caducidad, no prescripción: no se interrumpe por reclamar a la empresa ni por acudir a la Agencia. Mientras el dato sigue publicado el daño se renueva cada día, así que el paso del tiempo no juega automáticamente en tu contra. Si el dato ya se canceló, el cómputo se cuenta desde ahí. No des tu caso por perdido sin que lo revise un abogado.

Lo que casi nadie reclama, y la ley permite pedir

Lo que pide todo el mundo: la baja del dato. Es la petición obvia y, cuando por fin llega, el perjuicio ya se ha producido: las consultas hechas durante esos meses no se deshacen solas.

Lo que además permite pedir la ley: sobre los mismos hechos y en el mismo escrito caben otras pretensiones, cada una con su apoyo normativo.

• La reparación del daño moral: el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 presume el perjuicio una vez acreditada la intromisión. Y su artículo 9.2.c incluye expresamente la indemnización de los daños y perjuicios causados.
• La indemnización por la infracción: el artículo 82.1 del Reglamento (UE) 2016/679 cubre daños materiales e inmateriales, siempre que concurran infracción, daño y relación de causalidad.
• La reclamación frente al fichero: el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/2018 los convierte en corresponsables, con remisión al artículo 26 del Reglamento. Cabe así reclamar al banco y al fichero a la vez.
• La limitación y el bloqueo: el artículo 18.1.a del Reglamento, unido al artículo 20.1.e de la Ley Orgánica 3/2018, protege mientras se discute. Y el bloqueo de treinta días del artículo 20.1.c permite detectar consultas hechas cuando el dato debía estar bloqueado.

Por qué se piden juntas: son los mismos hechos y pueden ir en el mismo procedimiento. Si solo se pide la baja, se pierde la posibilidad de que se valore el perjuicio ya causado y se renuncia a dirigir la reclamación contra quien también responde.

Qué hay que probar de más: hay que acreditar la inclusión y su carácter indebido, y en la vía del Reglamento también el daño y el nexo causal. Para valorar el perjuicio pesa la difusión: cuántas entidades consultaron el fichero, qué operaciones se denegaron y cuánto tiempo permaneció publicado el dato. Reunir esa prueba lleva trabajo, y sin ella la pretensión se queda en una afirmación.

Qué puedes hacer tú solo y para qué necesitas un abogado

Aparecer en un registro de solvencia cierra puertas que no se ven: una financiación denegada, una tarjeta que no sale, un alquiler que se cae. Por eso conviene mirar el expediente pronto, cuando todavía se puede documentar todo lo que ocurrió.

La comprobación no es complicada, pero sí exige método: acceso, contraste de fechas e importes, reclamación por escrito a los dos responsables y registro de cada paso. Si el resultado de esa revisión apunta a una inclusión indebida en ASNEF, hay margen para pedir mucho más que la simple baja del dato.

En CIMA y Asociados estudiamos el caso antes de comprometer nada y te explicamos qué se puede sostener y qué no. Si has llegado hasta aquí con dudas, lo razonable es que un abogado mire tus papeles.

Preguntas frecuentes sobre la inclusión indebida en ASNEF